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Sociedad
¿Control o Libertad?

por David Casacuberta
 

Pórtico Luna

Es proverbial comparar la tecnología con un cuchillo. Un cuchillo que puede quitar la vida aunque, en formato de bisturí, también puede darla. Las tecnologías de la información, que son en buena parte código, eminentemente plástico y mutable, se adaptan especialmente bien al proverbio. Nuestra naciente sociedad de la información podría ser —para seguir con metáforas gastadas— la nueva ágora donde todos puedan participar en las discusiones políticas o el Gran Hermano de Orwell donde los ciudadanos están bajo el control de un omnímodo estado dictador. Desgraciadamente, la clase política ha asumido el reto casi de la peor forma posible, y la sociedad que se vislumbra está más cerca de 1984 que de la democracia virtual perfecta. Por un lado, las propuestas de consulta directa a los ciudadanos son más ejercicios de fachada que verdadera interrelación entre ciudadano y gobierno. Ciertamente, todos los ministerios y partidos tienen sus webs donde se ofrece información, pero la eficiencia real se limita a aspectos prácticos como disponer de datos sobre becas o hacer la declaración de la renta por Internet. Eso no es malo, pero ciertamente es insuficente. No puede ser que una web se convierta en un puro espacio electoral permanente donde se loa los logros del gobierno —en los webs oficiales— o se critica su mala gestión —desde los webs de la oposición— sin que el usuario pueda dar su opinión o interactuar con los que deberían ser sus representantes. Muchos webs no disponen de opción de contacto real —podemos descartar esas webs con correo electrónico donde simplemente nos dan las gracias por nuestra "valiosa aportación" y nunca más se supo— y la premisa central es siempre suponer que el ciudadano es un receptor que quiere saber cosas en lugar de pensar en él o ella como en alguien maduro políticamente y que tiene cosas a decir.

Cientos y cientos de páginas se han llenado acerca de cómo Internet ha cambiado el paradigma de la comunicación, de cómo se ha roto el esquema tradicional de comunicación de uno a muchos y hemos pasado al comunicación de muchos a muchos. El ciudadano ha dejado de ser un mero receptor y ha pasado a ser emisor. Pero esos cientos de páginas deben ser claramente insuficientes, pues gobierno y partidos siguen considerando a los ciudadanos meros receptores de información para que ejercer su derecho de consumidor de democracia y limitarse votar cada cuatro años. Es cierto que, muy de vez en cuando, se sacan las leyes a la calle, para discutirse, y se pide el feedback del público. Sin embargo, se trata solamente de una operación de imagen, ya que esas opiniones no es que no sean tomadas en cuenta, sino que simplemente no se recopilan en ningún sitio. La forma oscura en que se ha llevado la aprobación de la LSSI en este país es una buena prueba de ello.

Y lo peor no es que no se haga ningún esfuerzo desde la clase política para habilitar un espacio de democracia y participación ciudadana mediante las tecnologías de la información. Lo peor es que esas tecnologías se están utilizando sobre todo para reforzar los tenebrosos aspectos de control de la información que también posibilitan.

Así, en aras de defendernos de un cibercrimen — real, que duda cabe— las administraciones de gobiernos supuestamente democráticos están aprobando leyes y financiando recursos tecnológicos que claramente se extralimitan en sus funciones y violan derechos básicos de los ciudadanos. La política de seguridad paranoica tras los atentados terroristas del 11 de septiembre no han hecho sino exacerbar esta línea decididamente orwellesca. Así, un gobierno supuestamente socialista como el de Blair en el Reino Unido está limitando seriamente la libertad de expresión digital de los ciudadanos ingleses, o viola el derecho a la presunción de inocencia en su legislación para controlar la criptografía o mediante unas bases de datos de "posibles criminales futuros" que ni siquiera Winston Smith podría haber imaginado. En el panorama nacional tenemos la LSSI que camuflada como ley de comercio electrónico en realidad busca crear herramientas jurídicas para facilitar la censura digital y en esta Unión Europea de presidencia española tenemos una reciente propuesta de almacenar los correos electrónicos de los ciudadanos europeos para buscar posibles criminales y terroristas haciendo caso omiso a nuestro derecho a la privacidad y la presunción de inocencia.

En estos momentos, la conclusión es básicamente desoladora. Un despliegue tan salvaje de medios para el control digital y tan pocos esfuerzos en fomentar la participación no se puede explicar sólo como un sistema para evitar la "amenaza terrorista". El político medio actual desconfía de sus ciudadanos. No cree que sean lo suficientemente maduros para comunicarse entre ellos en libertad, y tampoco piensa que tengan nada inteligente que decir a la hora de administrar el país.

Los recientes éxitos de la extrema derecha en países europeos ponen de manifiesto, entre otras cosas, que esa desconfianza funciona a los dos lados: los ciudadanos no se ven representados por los partidos políticos y no parecen tener mucho interés en participar en un sistema que los ignora de una forma tan manifiesta, de ahí el éxito de propuestas populistas como la de Le Pen en Francia o Haider en Austria, que fingen un interés genuino por las preocupaciones básicas de la poblicación y ofrecen soluciones mágicas simplonas claramente antidemocráticas. Afortunadamente, no todo está perdido. La sociedad de la información todavía se tiene que definir, a nivel social, educativo, político e incluso tecnológico. En estos momentos los políticos disponen una herramienta espléndida para hacer de la democracia algo cotidiano, para mostrar que realmente les interesa lo que los ciudadanos piensan de multitud de temas. Desde la izquierda tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para, en primer lugar, desechar el cuchillo: detener esta espiral controladora que nos podría llevar a una sociedad de la información prácticamente totalitaria. En segundo lugar, aprovechar el bisturí: utilizar todas las nuevas tecnologías que están a nuestro alcance para crear herramientas que faciliten la participación de los ciudadanos a nivel individual en la toma de decisiones sobre las cuestiones más variadas. Facilitar la conversación entre políticos y ciudadanos ayudará a evitar esta desconfianza cada vez más grande. Los ciudadanos dejarán de ver a los políticos como unos corruptos que sólo esperan enriquecerse rápidamente y se darán cuenta de que sus opiniones importan y que él o ella también son parte de la democracia. Y los políticos también aprenderán mucho, y abandonarán ese creciente papel de déspota ilustrado que cree que sabe lo que es mejor para todos y se dará cuenta de que su visión de la sociedad faltaban muchas piezas, piezas que sólo podrá conseguir si participa en un diálogo respetuoso y en posición de igualdad con los ciudadanos que debería estar representando.

DAVID CASACUBERTA es Profesor de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona y secretario de Computer Professionals for Social Responsibility España. (http://www.spain.cpsr.org)